(Ansol).- «Esta medida se inscribe en el reconocimiento de los derechos humanos como política de Estado, que busca la inclusión de sectores históricamente vulnerabilizados por prácticas discriminatorias, a partir del acceso al trabajo, un derecho humano fundamental», explicó la semana pasada el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, durante la presentación de la medida.

La resolución 270 detalla en su artículo 3 que «las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por motivos tales como raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia o responsabilidades familiares».

La medida fue celebrada por el interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Pedro Mouratian.

«Estas medidas se enmarcan en la labor conjunta que vienen desarrollando el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Inadi, a partir de un Convenio de Cooperación celebrado en 2013, donde se motorizan acciones para reducir la discriminación en ámbitos laborales y promover la inclusión laboral y social de aquellos grupos más vulnerabilizados, ya que las formas más graves y persistentes de discriminación en el trabajo contribuyen a agudizar la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión social, condenando a las personas a la inmovilidad social», indicaron desde el departamento de prensa del instituto.