(Ansol).- «Uno de los capítulos de este proyecto es ver cómo las empresas recuperadas se conceptualizan como protegidas», anticipó en diálogo con Así Son las Cosas (Gospel FM 102.9).

Ese punto es uno de los ejes que propuso el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria (Ipes) para abordar en los más de 30 foros que se realizarán hasta mayo.

«Estas líneas no implican dejar de lado otras temáticas, ámbitos y propuestas», remarcó Mirad.

En tanto que sobre el eje apuntó: «Se trabaja uno o dos años con distintos mecanismos de apoyo estatal, que no pasan solamente por financiamiento o subsidios, sino por la transferencia tecnológica, la capacidad de hacer y la adquisición de capacidades empresariales. Después de ese período, esas empresas protegidas pueden consolidarse como empresas».

«Durante los ’90 -agregó- se armaron cooperativas para flexibilizar el trabajo, algo que atentaba contra los trabajadores formalmente encuadrados y sindicalizados. Uno de los puntos de este proyecto de ley, es ver cómo se le da el encuadre correcto para no atentar contra los trabajadores formalizados y con puestos de trabajo bien definidos».

Mirad también repasó la actualidad de la economía solidaria que cuenta con 14 millones de personas asociadas a una cooperativa o a mutual, o que están recibiendo productos o servicios de ellas.

Y pese a que «hay 30 mil empresas mutuales y cooperativas que representan el 10 por ciento del PBI nacional» aún «no son parte de la plataforma mínima que tienen que tener todos los partidos políticos», reflexionó.

«Todos los partidos tienen que tener una plataforma que hable de cooperativas, porque habla del desarrollo regional», concluyó.