(Ansol).- El acuerdo fue firmado por los responsables de ambos organismos Stella Maris Martínez, por Nación, y Horacio Corti, por Ciudad de Buenos Aires, en el auditorio Guillermo Díaz Lestrem de la Defensoría General nacional.

A través de este nuevo convenio, las Defensorías se comprometieron a trabajar en forma conjunta sobre el abordaje territorial y extrajudicial de los vecinos de la zona del Riachuelo y de los conjuntos habitacionales donde sean relocalizados.

«La Ciudad, la Nación y la Provincia han sido condenados por la Corte», recordó Horacio Garcete, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, en diálogo con Radio Gráfica.

«La ejecución de esa condena ha superado los seis años. En el caso del Gobierno de la Ciudad esto se suma a una política habitacional claramente hostil a que los vecinos sigan en las comunas en las que viven», añadió.

Respecto a la provincia de Buenos Aires, Garcete comentó que «quedan muy pocos territorios fiscales -ya que muchos de ellos, explicó- están afectados a la construcción de barrios cerrados. Por lo cual la resolución a la cuestión habitacional que manda el fallo muchas veces se ve impedida».

El coordinador señaló además que «no existe quizás la voluntad política de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo para operar en la expropiación de determinada tierra para cumplir con este fallo», finalizó.

La Defensoría General de la Nación y la de la Ciudad firmarán mañana a las 11 un convenio para para trabajar de forma conjunta en la asistencia de los vecinos de la sirga del Riachuelo afectados en la Causa Mendoza, el fallo por el que la Justicia ordenó al Estado a recomponer el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la cuenca.