(Ansol).- «La crisis del sistema de prestación de servicios públicos no es exclusiva del sistema cooperativo. El esquema tarifario vigente no es viable, provoca crisis y así podemos quebrar», aseguró a esta agencia el gerente de la Federación Chubutense de Cooperativas (Fechcoop), Osvaldo Schanz.

Además, explicó que en la provincia las tarifas son autorizadas por los concejos deliberantes, que «se toman dos o tres años para analizarlas». En ese lapso, aseguró, se vuelve complicado continuar con la prestación del servicio, y entonces las cooperativas se endeudan paulatinamente.

El 27 de marzo la Federación emitió un comunicado bajo el título El fin de 85 años del modelo cooperativo en la provincia de Chubut, en el que detalló las problemáticas en los esquemas tarifarios, la falta de acompañamiento estatal y la necesidad de diálogo.

Si bien «todos están de acuerdo en continuar con el modelo cooperativo», de larga tradición en la provincia, «a posteriori no respetan la Ley de Cooperativas, ni el acto cooperativo, ni nada. Nos tratan como una empresa de lucro cuando somos muy distintos».

En busca de acercar posiciones los referentes del sector se reunieron con los intendentes de diferentes localidades; con el ministro coordinador de la provincia, Miguel Castro; representantes de los concejos deliberantes y de la cámara de Diputados. «Directamente les planteamos qué querían hacer con los servicios públicos, si querían o no el modelo cooperativo», comentó Schanz.

En este marco, decidieron avanzar en la creación de un Consejo Consultivo para debatir y decidir políticas acordes que solucionen la problemática de los servicios públicos. Hoy  habrá una reunión y, según el gerente de Fechcoop, «la idea es tomar decisiones que luego irán a los Diputados».

El principal reclamo de las cooperativas sigue siendo el mismo que hace años vienen trasladando a los poderes públicos provinciales: un marco regulatorio que contemple a las prestatarias que hace 85 años brindan el servicio al 99 por ciento de toda la provincia y que, en vistas de esa adecuación normativa, sean tratadas como representantes legítimas de los vecinos, que son sus asociados.

«Queremos que el Estado decida si quiere que continuemos con la prestación de servicios públicos esenciales, y luego que nos acompañe con políticas acordes. Si a nosotros nos va bien, al Estado le va bien», concluyó Schanz.