(Ansol).- «Son generalmente los sectores desfavorecidos económicamente, sin contención, de la periferia de la ciudad a los que les resulta más difícil acceder a la Justicia, y cuando acceden lo hacen como víctimas del aparato represivo del Estado», explicó el abogado e integrante de la Asociación de abogados del Sur de Córdoba, José María Sagarraga, a El Megáfono.

El Programa nacional Acceso Comunitario a la Justicia (Atajo), cuyo lanzamiento se realizó en la Universidad Nacional de Río Cuarto, apunta además la promoción de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Los Atajo serán implementados en los barrios cordobeses a partir de la segunda mitad de este año y al respecto Sagarraga confió que surgieron para quienes «necesitan asistencia jurídica y que nuestro poder judicial no tiene en cuenta habitualmente».

Sobre ese punto, el letrado detalló que «los sectores más vulnerables de la población son víctimas de una Justicia -elitista-, donde los funcionarios judiciales no se interesan por la vida, las condiciones de vida, las relaciones sociales y de familia de aquellos sectores de la población que se encuentran más desfavorecidos».

«La aplicación inconstitucional y arbitraria del Código de Faltas cuadruplicó el número de privados de su libertad, generalmente en una franja etaria que va desde los 18 a 25 años», repasó Sagarraga sobre la realidad cordobesa desde 2011.