(Ansol).- Los trabajadores de La Litoraleña, acompañados de legisladores de la ciudad y miembros de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo(Cnct), hicieron pública la urgencia de dar marcha atrás con la medida impuesta por el fiscal Norberto Brotto de ubicar una consigna policial en la puerta de la fábrica, bajo la carátula de usurpación de la propiedad privada.
«Necesitamos producir, necesitamos que saquen la consigna policía. No somos delincuentes, la justicia tiene que rever esto», declaró a Ansol el delegado de los trabajadores, Luis Baini, quien añadió: «Ya nos presentamos en la fiscalía y dejamos un escrito porque el fiscal no quiso hablar con nosotros. No nos trajo noticias ni nada».
El conflicto con la empresa Deconti S.A. comenzó a principios de agosto luego de un atraso en el pago de sueldos, que llevó a los trabajadores a tomar la fábrica ubicada en el barrio porteño de la Chacarita, y que culminó con el despido de 32 de ellos bajo el pretexto de usurpación de propiedad privada y retención de mercadería.
«Con La Litoraleña estamos desde el primer día. Decidimos exigir el pago de salarios caídos y tomar la empresa y ponerla a producir, estamos haciendo lo que sabemos hacer», replicó el presidente de la Facta y trabajador del Bauen, Federico Tonarelli.
«De la Justicia, la perspectiva nunca es buena, la de los compañeros, la mejor. Entendemos que se va a imponer la actitud de los compañeros se va a poner en marcha la fábrica», concluyó Tonarelli.
La Litoraleña era propiedad de la empresa Deconti, y hoy en día se halla en concurso de acreedores luego de declarar una deuda de $17 millones con la AFIP, un pasivo de otros $84 millones y cuatro meses de sueldos impagos, junto a los aportes jubilatorios y obra social de sus empleados.