«El martes de la semana pasada, el gobierno nacional a través de su Jefe de Gabinete Aníbal Fernández anunció que emitirá un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -que aun no fue publicado- que fijará que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla. Así los productores pagarán un canon cada vez que compren semillas modificadas genéticamente para las respectivas siembras pero no cuando vuelven a reutilizarlas tras las cosechas. (ver «DNU y reunión»)

Esta decisión pone en debate la propiedad sobre el desarrollo tecnológico. Detrás de cada semilla que se siembra y a las cuáles se le aplicó tecnología, existe «una propiedad intelectual» que sus fabricantes pretenden hacer rentable.

Esto está regulado en cada país por la Ley de Semillas, que en Argentina pretendió ser modificada por la firma Monsanto hace un par de años para poder cobrar regalías. Aunque la propuesta no prosperó, ahora la firma estadounidense considera que logró un avance con el reciente anuncio gubernamental.

El potencial negocio de la propiedad intelectual aumentó a medida que creció la producción de soja en el país. De hecho, el 63% de la superficie agrícola argentina es sembrada con semillas genéticamente modificadas, característica que ubica a Argentina en el primer puesto mundial. Y en relación al volumen producido con estas semillas, el país está segundo detrás de Estados Unidos, según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.

En un comunicado, la multinacional pionera en desarrollo genético a nivel global, consideró «muy positivas las ideas vertidas por el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández» en la reunión de la semana pasada. Y expresó su «beneplácito» con el gobierno nacional por «reafirmar que las biotecnologías patentadas deben contar con un adecuado reconocimiento a la propiedad intelectual».

A su vez, la firma de bandera norteamericana confirmó que «seguirá adelante con la implementación de un modelo de negocios que garantice el reconocimiento de sus derechos a través del cobro de una contraprestación por cada uso de su biotecnología». Aún fuera de la ley, Monsanto ya promociona el canon de su nueva soja (ver «antecedente»).
Ante esto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) junto a otras tres entidades ruralistas y la Federación de Acopiadores, rechazaron en un comunicado la metodología empleada por la multinacional para el cobro de regalías en la tecnología Intacta (ver «la visión de los productores»).

El control de la cadena de valor Si bien el DNU anunciado obliga al productor solo a pagar una regalía al momento de comprar la semilla y no en el grano -tal como pretendía Monsanto hace unos años-, especialistas indican que es un retroceso porque pone el peligro «el control de toda la cadena de valor».

Aldo Casella, abogado especialista en Derecho Agrario y docente de la Universidad Nacional del Nordeste, señala que «si bien el impacto directo es una transferencia de recursos de los productores a las grandes compañías, el tema de fondo es que se legitima un modelo de negocios y se estructura un sistema que favorece a las grandes compañías para que tengan no solo elcontrol sobre la comercialización sino también de la producción e incluso de toda la cadena».

De hecho, el predominio de la genética de semillas lo concentran cinco empresas transnacionales: Cargill-Dow, Dupont, Syngenta, Bayer y Monsanto. Pero esta última es la productora del 91 % de las semillas transgénicas, señalan datos del año 2006 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

Casella explica que las compañías justifican el planteo porque aseguran que es necesario esta «rentabilidad extra» para continuar con los desarrollos genéticos que permiten aumentar la producción año tras año. Sin embargo, el especialista pone en duda dicha afirmación: «En todos estos años sin modificar las leyes como ellos lo pidieron igualmente se ha incorporado la tecnología necesaria y se ha aumentado enormemente la producción y se han registrado una gran variedad de semillas de soja en el país. De modo que no parece que sea fundamental el cambio que pide Monsanto. No digo que no se discuta, pero no se debe imponer sin generar un amplio debate social con los actores intervinientes».

El docente es contundente respecto a las consecuencias que puede acarrear la efectividad del DNU: «Este modelo de negocios que proponen las grandes compañías va en contra de las leyes que prohíben la formación de monopolios y favorece la pérdida de libertad económica».

MC
Comunicado de FAA

Luego de que funcionarios nacionales anunciaran que el gobierno nacional publicará un DNU sobre el uso y la comercialización de las semillas y la biotecnología, la Federación Agraria Argentina expresó: «Hemos logrado, después de una larga lucha, que el Estado se pronuncie. En principio, lo que se prometió es un Decreto, cuyos alcances aún no conocemos porque no fue publicado. Velamos para que cuando sea una realidad, respete el derecho del productor al uso propio y que afirme taxativamente adonde terminan los derechos de los obtentores. Es inadmisible la pretensión de cobrar en el grano, lo que se debe cobrar en la semilla». Desde FAA se recordó además que la entidad tiene presentada una denuncia ante la Secretaría de Defensa de la Competencia de la Nación, por «abuso de posición dominante», en virtud de contratos firmados por Monsanto con los exportadores. Cabe recordar que la Federación Agraria Argentina viene hace años batallando por este tema, incluso ante tribunales europeos.

Por eso decimos que si finalmente se logra dar un paso adelante, será el resultado de nuestra incansable prédica en defensa de los productores y de la insistencia en el último tiempo para frenar el lobbyde la multinacional», se mencionó desde FAA.

Federación Agraria asistió a la reunión convocada por el gobierno nacional en la sede del Ministerio de Agricultura de la Nación, de la que también participaron representantes de semilleros, acopios, exportadoras, y entidades técnicas. Quienes se hicieron cargo del anuncio fueron el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el titular de la cartera agropecuaria, Carlos Casamiquela, y el Secretario de Agricultura, Gabriel Delgado.»Otro tema que hemos planteado en diferentes ámbitos es el de los problemas para comercializar lo que producimos. En este sentido, creemos que ya bastantes problemas tenemos los chacareros como para que además venga un privado a entorpecer aún más la venta de nuestra cosecha», finalizó FAA.

La Sociedad Rural dice que «Monsanto persiste en su ofensiva»

Junto con las otras tres entidades ruralistas y la Federación de Acopiadores, la SRA volvió a rechazar la metodología empleada por la multinacional para el cobro de regalías en la tecnología intacta. Dicen que es «importante» que el gobierno fijara posición pero no si están o no de acuerdo.

En un comunicado conjunto rubricado por la Sociedad Rural Argentina; Confederaciones Rurales Argentinas; Federación Agraria Argentina; Coninagr, y la Federación de Acopiadores de Granos y Centro de Corredores de Cereales de Rosario las entidades volvieron a rechazar la actitud de la firma Monsanto.

«Los principales exportadores e industrializadores de soja del país, resolvieron, a pedido de Monsanto, incorporar a sus contratos de compra de mercadería una cláusula que obliga a los vendedores a aceptar una retención compulsiva por parte de aquellos, en caso que se detectara (mediante un procedimiento carente de reconocimiento oficial) la presencia de tecnologías supuestamente patentadas», dicen las organizaciones.

«La pretensión de Monsanto es establecer un sistema ilegal consistente en que los distintos actores de la cadena, fiscalicen, informen y retengan dinero de manera compulsiva, en perjuicio de productores, acopios y cooperativas, lesionando la transparencia del sistema comercialmediante la generación de una posición dominante de mercado», aseguran en el comunicado.

El caso es que si la Compañía semillera procura cobrar por el uso «tecnologías supuestamente patentadas» mediante un «sistema ilegal», será fácil para todas las entidades firmantes acudir a la justicia para terminar con la situación que denuncian mediáticamente. Aún cuando la aceptación de los contratos para la adquisición de dicha tecnología haya sido voluntaria por parte de los firmantes.

«Así como oportunamente hemos recomendado a los vendedores no aceptar la imposición de tales condiciones, reiteramos nuestro requerimiento a los exportadores e industrializadores, para que se abstengan de incorporar la misma en los contratos de compraventa de granos», advirtieron las entidades.

«Es importante informar que el Estado Nacional se expresó en contra de la cláusula que exige Monsanto», señalan en otro tramo del comunicado. Aunque no precisan si dicha situación es celebrada por las entidades o no, después de haber demandado la «intervención» del Estado en el tema en un rapto de «intervencionismo» sorpresivo de entidades como SRA y CRA.

«Reiteramos, que alentamos la generación de nuevas tecnologías, y aceptamos que las mismas sean adecuadamente remuneradas, con arreglo al marco legal respectivo, lo cual de ningún modo puede justificar la convalidación de tan perverso sistema», señalan las entidades. Nada dicen de cuál sería ese marco legal respectivo ni la remuneración adecuada.

Monsanto celebró el anuncio

La firma aclaró igualmente que continuará con el procedimiento implementado para el cobro de su tecnología en la soja Intacta.

La empresa Monsanto Argentina emitió un comunicado este martes luego de conocerse la decisión del gobierno de emitir un DNU para el sector semillero con la creación de un registro de Uso propio de los productores y la obligación de cobrar la regalía por parte del propietario de la tecnología en la venta de semilla y no en el grano producido.

La multinacional «considera muy positivas las ideas vertidas por el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Dr Aníbal Fernández, en la reunión realizada en el día de hoy (por el martes) en dicho Ministerio entre los integrantes de las cadenas de cultivos y las autoridades nacionales».

Seguidamente, Monsanto expresó su «beneplácito por las expresiones brindadas por el Ministro Fernández respecto a la decisión del Gobierno Nacional de promover la biotecnología como política de Estado, y reafirmar que las biotecnologías patentadas deben contar con un adecuado reconocimiento a la propiedad intelectual».

La firma de bandera norteamericana remarcó que «vemos con agrado que haya un debate para instalar políticas públicas para resolver el problema del mercado ilegal de semillas y la bolsablanca, que conspira contra la investigación y desarrollo». En cuanto a la tecnología Intacta RR2 Pro, que disparó críticas diversas desde las entidades gremiales ruralistas por convenios voluntarios de fiscalización y cobro por parte de la empresa de manera directa o indirecta, Monsanto ratificó que «seguirá adelante con la implementación de un modelo de negocios que garantice el reconocimiento de sus derechos a través del cobro de una contraprestación por cada uso de su biotecnología».

Fuentes del sector semillero y de la producción de granos indicaron a El Enfiteuta que hasta ahora todo el que pagó por la tecnología lo hizo de manera voluntaria, ya sea al momento de comprar la semilla fiscalizada, o de común acuerdo cuando tras un análisis se detecta la tecnología en cuestión al momento de la venta del grano.

Para la firma semillera la variedad Intacta «vino a cubrir un bache de 18 años sin nuevos eventos biotecnológicos en soja. Por los beneficios que genera, gracias al aumento en los rindes y al ahorro en el uso de insecticidas, está siendo rápidamente adoptada como opción por los productores en todo el país».

«Monsanto se encuentra comprometido a trabajar con los productores y los grupos relevantes de la industria, los socios y las agencias gubernamentales para asegurar que las nuevas biotecnologías estén disponibles para los productores argentinos a través de múltiples opciones que permitan incrementar los beneficios económicos, sociales y ambientales», señaló la Compañía.

«El reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual es clave para mantener el ciclo de la innovación agrícola en toda la industria, para atraer las inversiones necesarias, mantenernos competitivos en el comercio mundial y, en última instancia, para apoyar la introducción continua de nuevas tecnologías», concluye el comunicado.

DNU y reunión

Según trascendió, el DNU anunciado excluirá del pago a los pequeños agricultores y creará un registro de «uso propio» que determinará que porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción corresponde al comercio de «bolsa blanca».

Antecedente de cobro

Tras el lanzamiento de su semilla de soja Intacta RR2 Pro, Monsanto logró un acuerdo con los principales exportadores e industrializadores de soja del país para incorporar a sus contratos de compra de mercadería una cláusula que obliga a los vendedores a aceptar una retención compulsiva por parte de aquellos, en caso de que se detectara la presencia de tecnologías patentadas.

La página web oficial que Monsanto hizo para promocionar la semilla (www.intactarr2pro.com.ar) aclara que: «El Canon INTACTA es totalmente independiente del precio de compra de la bolsa de Semilla INTACTA». Y especifica que el precio «será de 12 dólares cada 30 kilos de semilla comprados en bolsa».

El «uso propio» y la «bolsa blanca» La práctica de los productores agropecuarios desde hace miles de años es reservar parte de la semilla cosechada -en la denominada «bolsa blanca»- por ellos mismos para su próxima siembra. Con el avance de la tecnología genética, lo que reclama Monsanto -desde hace algunos años- es que se pague un extra por esta utilización no registrada ya que el productor paga una vez la semilla y luego la sigue utilizando en posteriores siembras. El nuevo DNU no haría lugar a ese pedido pero sí permitiría cobrar una regalía por única vez en la compra de la semilla.

Datos

En Argentina, la superficie sembrada aumentó de 37 mil hectáreas en 1970 a más de 20,3 millones de hectáreas en 2014.