«El Instituto para la Promoción de la Economía Solidaria (IPES), destinado a fortalecer el trabajo de cooperativas, mutuales y el asociativismo pyme de todo el país, manifiesta su solidaridad con el periodista Víctor Hugo Morales y repudia el accionar temerario del grupo Clarín y -fundamentalmente- la doble vara con que se miden y poyan sus iniciativas de al menos parte del Poder Judicial.

El allanamiento realizado en la casa del periodista, para un embargo preventivo aún cuando hay una acción judicial de su parte sin definir, es un acto insólito que nos muestra la forma de actuar del grupo de medios y, lo que es peor, es también una manifestación del accionar de miembros del Poder Judicial que sin dudas converge con los intereses del poder económico.

Lo paradójico de la situación es que mientras avanza con celeridad una demanda económica contra el periodista, Clarín incumple la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual y sus directivos ni siquiera son llamados a declarar por la apropiación de Papel Prensa. Ambas cuestiones son de extrema necesidad y urgencia para organizaciones populares, cooperativas, mutuales y pymes que vienen bregando hace años por un modelo de comunicación democrático e inclusivo.

El juicio contra Victor Hugo Morales y Canal 7 fue iniciado en 2001 por Cablevisión (empresa del Grupo Clarín), por la difusión de imágenes del partido que se disputaba entre Boca Juniors y el Real Madrid en el programa «Desayuno», cuando la transmisión del fútbol era propiedad del grupo Clarín. La empresa Cablevisión había negociado con Boca -entonces bajo la presidencia de Mauricio Macri- la comercialización por la transmisión exclusiva: más de un millón de dólares.

El 28 de noviembre de 2000, los equipos jugaban un partido en Tokio. En Buenos Aires, Víctor Hugo Morales conducía el programa «Desayuno». A las siete y cuarto de la mañana, mientras el encuentro se jugaba en las antípodas del globo, con la cámara enfocando otra pantalla con la señal en vivo, miles de televidentes pudieron ver el primer gol de Boca.

Este acto periodístico de mostrar una imagen con un TV trasmitiendo en vivo un hecho deportivo y cultural de la importancia de la final de una Copa Mundial, con un equipo argentino, proponía la posibilidad de pensar en una TV abierta difundiendo un deporte tan caro a la tradición de nuestro país posible de ser visto y disfrutado por todos. Ambas cuestiones fueron -más tarde- ratificadas tanto por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como la iniciativa de «Fútbol para Todos».

El grupo Clarín inicia acciones legales y, tras un fallo en primera instancia favorable a Morales, en 2014, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial lo condenó, junto a su productor Eduardo Metzger y a ATC (Canal 7) a pagar casi $ 3,5 millones ($842.000 más intereses a cada uno).

Esta situación es por demás demostrativa de dos hechos:

En primer lugar, la lógica con la que se movieron los grupos monopólicos durante años, y que particularmente Clarín se niega a abandonar: entender la comunicación como un mero negocio, haciendo alianzas y acuerdos que impiden que los argentinos y argentinas accedan libremente a diferentes contenidos, ejerciendo la posición dominante construida con años de complicidades de diferentes gobiernos que suma, entre otros hechos, la apropiación ilegítima de Papel Prensa, el beneficio de las privatizaciones de los canales públicos, la compra y/o control de cables locales en todo el país tras poseer la exclusividad estratégica del fútbol, etc.

Por otra parte, este hecho marca que, a pesar de leyes vigentes como las de Servicios de Comunicación Audiovisual, el grupo Clarín con el apoyo de sectores judiciales, no está dispuesto a aceptarla y avanzar así en la democratización de la comunicación en nuestro país.

Desde la economía solidaria solicitamos, una vez más, que la Justicia no permita más vericuetos para que Clarín evite la aplicación plena y definitiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a la vez que solicitamos se avance en la Causa Papel Prensa (empresa desde donde aún se sigue condicionando a pequeños y medianos editores de todo el país).

Estos pasos son centrales para consolidar un sistema de medios diversos, que muestren la realidad desde cada región del país.

Desde la economía solidaria entendemos y ratificamos que el de la información es un Derecho básico y elemental que además posibilita el ejercicio de otros Derechos (salud, trabajo, cultura, entretenimiento, expresión, participación ciudadana, etc.), por lo que no puede estar regido por la simple lógica del mercado.

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la comunicación, necesariamente debe encontrar su accesibilidad desde la clara y precisa definición de los servicios públicos, regulables y garantizables por la acción estatal y prestados por diferentes tipos de organizaciones, entre ellas aquellas que postulan un modelo no orientado al lucro.

No hay margen para volver atrás en esta definición fundamental alcazada en los últimos años que, sin dudas, nos mejoró como sociedad y nos proyecta a consolidar definitivamente un modelo de inclusión.